Los puntos polémicos del proyecto de “Paz total” que radicó el Gobierno Petro

El gobierno de Gustavo Petro puso sus cartas sobre la mesa para implementar lo que ha denominado la “Paz total”. Este martes 30 de agosto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto que plantea diferentes instrumentos para lograr este objetivo, algunos de los cuales han suscitado polémica.

En la iniciativa se resalta que “la política de paz será prioritaria en los asuntos del Estado”, transversal a estos e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como en relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.

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En tal sentido, agrega: “La política de paz será una política de Estado y comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento".

Asimismo, indica que los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, “tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.

En este contexto, el articulado plantea mecanismos que van desde la delimitación de zonas para la concentración de los grupos que inicien un proceso de diálogo con el Gobierno, una alternativa al servicio militar obligatorio y la definición y administración de los recursos para llevar a cabo el proceso, entre otros.

Estos son algunos de los puntos que ya han generado debate:

1. ¿Despeje de zonas? 

Uno de los principales puntos que plantea este proyecto de “paz total” es que el Gobierno Nacional y los voceros de las organizaciones armadas al margen de la ley que estén dispuestos a iniciar negociaciones podrán acordar una ubicación temporal si se considera pertinente.

Según el articulado, en las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes con fines de extradición, contra los representantes y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley que arranque este proceso de diálogo.

En el proyecto se menciona que en esas zonas, las cuales no podrán ser ubicadas en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. Además, resalta que el Gobierno Nacional definirá la manera en la que funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población y, de conformidad con lo que se acuerde en el marco del proceso de paz, deberá: 

1. Precisar la delimitación geográfica de las zonas.

2. Establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley.

3. Establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas mencionadas.

Desde diferentes sectores se comparó esta propuesta con la denominada “zona de distensión”  implementada por el expresidente Andrés Pastrana a finales de los años noventa en el departamento de Caquetá, donde se despejaron 42.000 kilómetros cuadrados para la concentración de las Farc en el marco de las fallidas negociaciones con este grupo guerrillero que llevó a cabo su gobierno.

2.Creación de un gabinete y regiones de paz 

En el proyecto que impulsará el gobierno de Gustavo Petro también se plantea la incorporación de un “Gabinete de Paz”. Para tal fin se señala que cada uno de los ministerios deberá definir los componentes de la política pública de paz y en las sesiones bimestrales, o cuando así lo determine el presidente de la República, “el gabinete deberá presentar informes sobre los asuntos a su cargo en esta materia”. 

Asimismo, se propone crear las llamadas “Regiones de Paz” en las que se adelantarán, con autorización del presidente, los diálogos. En este punto se priorizarán los municipios o territorios en los que “existan graves afectaciones a la población civil” y en los que “haya ausencia o débil presencia del Estado”.

3.Alternativa al servicio militar

Si se aprueba esta iniciativa, también se implementaría un “Servicio Social para la Paz” como una alternativa al actual servicio militar de Colombia, el cual tendría una duración de 12 meses y la misma remuneración que hoy reciben quienes prestan este servicio.

De acuerdo con el borrador del proyecto, este podrá prestarse en las siguientes modalidades:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. 

4. ¿”Bonos de Paz”? 

Otro aspecto que llama la atención en el articulado se menciona en el Capítulo III, en el que se indican las disposiciones que tienen por objeto “garantizar que la inversión gubernamental para la paz responda a una acción articulada, programática, sinérgica y eficaz con el propósito de alcanzar y consolidar la paz en el país”. 

En este apartado se propone la integración de un “Fondo de Programas Especiales para la Paz” como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyos gastos serían ordenados por su director y estarían bajo la orientación y el direccionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

En el marco de este fondo, específicamente en el artículo 13, se habla de recursos provenientes de los denominados “Bonos de Paz”, que estarán destinados exclusivamente a nutrir dicho fondo. Sin embargo, el proyecto no define en qué consisten estos bonos ni queda claro si se trataría de un nuevo impuesto para los colombianos. 

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Recordemos que en el año 2013, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, propuso una figura similar con el mismo nombre para ayudar a indemnizar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

“El Gobierno Nacional en la primera década del siglo XXI creó unos bonos, “los bonos de la guerra”, que era un impuesto al patrimonio de unos miles de millones de pesos hacia arriba para financiar la guerra. Nosotros pedimos que hagamos ahora los bonos de la paz, igualitos, no se necesita más, incluso con esos miles de millones de pesos hacía arriba, los bonos de la paz servirían para ayudar a indemnizar a las víctimas”, dijo Petro en el año 2013 (Ver aquí la nota de prensa).

Aquí puede consultar el proyecto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro:

Articulado proyecto de ley política de paz de Estado by Felipe Duarte on Scribd

Redacción NTN24.com