Polémica en Colombia por proposición en el Plan Nacional de Desarrollo que permitiría "expropiación exprés"

Una fuerte controversia se vive en Colombia tras conocerse una proposición que busca incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que le permitiría al Estado la “adquisición de predios a título oneroso para la reforma rural integral”, una figura que de acuerdo con la senadora Paloma Valencia es realmente una fórmula que facilitaría llevar a cabo una “expropiación exprés” de predios.

“Hemos conocido una proposición, que tiene mortificado al presidente Petro, que es una fórmula que no la llaman expropiación, pero que realmente es una “expropiación exprés””, dijo la senadora.

“Cuando un propietario de una finca decide que no la quiere vender porque no le interesó el precio o las condiciones, el Estado en 21 días de manera obligatoria se la puede quitar. Por supuesto, le va a pagar lo que le había ofrecido, pero esto es lo que se llama la “expropiación exprés””, agregó.

De acuerdo con la senadora, la proposición estaría siendo impulsada para que sea aprobada por diferentes miembros del Gobierno nacional, entre ellos la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y los aún no posesionados ministros de Agricultura, Jhenifer Mojica, y de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El artículo que se ha conocido habla de que la Agencia Nacional de Tierras “procederá en primer lugar a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, podrá declarar el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral”.

Además, la propuesta plantea dos escenarios para la adquisición del predio por parte del Estado: “negociación directa” o “venta forzada con indemnización previa”.

En el caso de la “negociación directa”, la Agencia Nacional de Tierras “formulará oferta de compra del predio acompañada del avalúo (…) Esta etapa tendrá una duración máxima de 10 días calendario, a partir de que se le notifique al propietario el interés de adquirir el predio”.

En cuanto a la “venta forzada con indemnización previa”, el artículo señala que “la resolución que declare el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral, ordenará la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras (…) En firme la resolución no admitirá oposición de ningún tipo durante la entrega material del predio. Se procederá a la entrega del bien con el concurso de las autoridades de Policía, quienes están en la obligación de apoyar a la Agencia Nacional de Tierras”.

Este viernes, en medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales que “tenemos 8 años, según los acuerdos de paz, para comprar 3 millones de hectáreas. Nosotros compraremos 1,5 millones. El Estado desde 1960 solo ha comprado un millón de hectáreas. Si no aceleramos, no hay paz en Colombia. Hay que decir: el Estado incumple definitivamente con el acuerdo”.

El mandatario colombiano agregó que el expresidente Iván Duque “solo compró 13.000 hectáreas. Si a nosotros se nos impide comprar tierras, a precio comercial, entonces tocará convocar la instancia creada para el efecto y anunciar oficialmente que el Estado colombiano no puede cumplir con el acuerdo de paz que firmó”.

Y agregó: “voluntariamente solo se ofrecieron 200.000 hectáreas. El mecanismo forzoso que propone la ley vigente es la expropiación. Nosotros creamos un mecanismo diferente sin expropiación que esperamos se apruebe”.

También desde el Gobierno, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, aseguró este viernes que “mediante venta voluntaria jamás se hará una reforma agraria, han pasado 15 gobiernos, 62 años desde la Ley 135 y con estos mecanismos no se ha hecho nada. Si un gobierno quiere hacer la reforma debe ir por la tierra, tal y como lo han hecho los países desarrollados”.

Diferentes congresistas de oposición han reaccionado ante esta situación. El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, dijo que “intentar por un artículo algo tan grave como la "expropiación exprés” no es más que un intento por cumplir lo que no se puede antes de dictaminar las condiciones de mercado para la compra legal de tierras. Esto es un intento fallido si esperan hacerlo por la fuerza. Así no”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, recordó una declaración hecha por Gustavo Petro ante notario público en medio de la campaña presidencial. “De nada le sirvió firmar en Notaría y prometer que no expropiaría. Nunca conoceremos una verdad de Petro”, dijo Cabal.

La congresista se refería a un acto de campaña que el entonces candidato Petro realizó el día 18 de abril del año 2022, cuando afirmó:

“Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento, si incumplo sería delito, me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”.

Por ahora, la atención recae sobre el trámite del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República y el futuro que tendrán las proposiciones hechas alrededor del articulado.