Régimen nicaragüense cierra 1.500 oenegés; la mayoría son religiosas
El gobierno de Nicaragua anunció este lunes la clausura de 1.500 oenegés, la mayoría religiosas, como parte, según opositores, de una arremetida contra grupos de la sociedad civil que Daniel Ortega considera “hostiles”.
Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, eleva a más de 5.100 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, y ocurre tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG's a trabajar en alianza con el Estado.
Según una decisión del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro incumplieron sus obligaciones al no reportar sus estados financieros".
En la lista de entidades cuya "personalidad jurídica y registro" fueron cancelados, y cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
El pasado miércoles 7 de agosto, el régimen de Nicaragua también anunció que envió al Vaticano a siete sacerdotes que, según la oposición, habían sido detenidos.
"Salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede", dijo la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, al leer un comunicado.
Los sacerdotes "desterrados al Vaticano" son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, según reportes del portal digital El Confidencial, crítico del gobierno de Ortega y que se edita en Costa Rica.
Los siete formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron aprehendidos o puestos en prisión domiciliaria por la Policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua 'Nunca Más'.
Debido al régimen existente, en Nicaragua los principales problemas son el desempleo y la carestía de la vida.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la dictadura de Ortega ha impuesto varias medidas represivas en contra de los opositores de su país.
Entre ellas, remarca la instancia internacional, “la apatridia, la vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida”.
Asimismo, “la desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida de derechos a la propiedad y bloqueos bancarios”.