Registrador nacional en Colombia asegura que no alcanza el tiempo para realizar una consulta popular el 7 de agosto y deja la decisión en manos de las altas cortes

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Registrador nacional en Colombia asegura que no alcanza el tiempo para realizar una consulta popular el 7 de agosto y deja la decisión en manos de las altas cortes

En rueda de prensa, Hernán Penagos resaltó que “hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país”.

El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, se pronunció este martes en rueda de prensa sobre la convocatoria vía decreto de una consulta popular por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, advirtiendo que la institución que preside requiere un mínimo de tres meses para llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para realizar este proceso de manera "íntegra e impecable".

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"De hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días. Y yo debo decir que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en 53 días", afirmó el funcionario.

El registrador enfatizó que el tiempo mínimo requerido está establecido por la Constitución y la ley, subrayando la importancia de respetar los marcos legales existentes.

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Penagos agregó que es clara y evidente la profunda controversia jurídica que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo ante esta convocatoria vía decreto, por lo que – indicó – corresponde a las altas cortes decidir sobre el futuro de la iniciativa.

“Ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedentes en la historia reciente, lo correcto, lo pertinente (…) es dejar en manos de las altas cortes que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada”, dijo.

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“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país”, resaltó.

Tras el pronunciamiento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la postura del registrador y señaló que “él es un operador logístico y no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”.

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